La coordinadora de la ONG Acceso a la Justicia, Laura Louza, aseguró que el pasado año hubo más de 64 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia a favor del Gobierno y en contra de los venezolanos, aclarando que muchas de las decisiones tomadas por el Poder Legislativo fueron desestimadas por declarar al Parlamento en “desacato”.
Nota de Prensa
“Desde Acceso a la Justicia estamos haciendo análisis de las sentencias del año pasado y hubo más de 64 sentencias del Tribunal Supremo a favor del Gobierno, en contra del ciudadano y de la Asamblea, y lo más triste es que el venezolano fue muy afectado por estas sentencias cuando precisamente la ideología del Gobierno pregonaba la democracia participativa, el derecho al voto, Chávez decía que ese era su gran logro en Venezuela, una elección por año, y ahora vemos como el año pasado el propio Tribunal Supremo dijo que no hay derecho a enmienda, que no hay derecho a revocatorio, no reconoció a la Asamblea Nacional electa como la representante del pueblo ya que nada de lo que diga vale, dijo que un estado completo no está representado y no ha arreglado esa situación”, sostuvo la abogada constitucionalista.
Louza desestimó la posibilidad de un diálogo ante la inexistencia de condiciones que restituyan la democracia y el Estado de derecho: “Es muy triste lo del diálogo porque la idea es que en política la gente se entienda hablando y llegue a acuerdos y es la única manera de ver si se logra crear una situación de gobernabilidad y de lógica en lo que es la conducción del país, pero ya sabemos lo que ha pasado. Lo que me llamó la atención en la época del diálogo es que muy rápidamente mientras se estaban haciendo los primeros acuerdos y las primeras conversaciones el TSJ sacó sentencias como la de la nacionalidad de Maduro, donde se veía que no había una intención seria del diálogo por parte del Gobierno, porque si el TSJ actuaba en nombre del propio presidente como si fuera un brazo ejecutor, pues evidentemente ya no puede haber diálogo”.
“Recientemente hubo una sentencia del TSJ que dice que por el hecho de tener un cargo público si tú tienes otra nacionalidad debes renunciar a ella, no es lo que dice la Constitución, porque en realidad no podrías tenerlo si eres venezolano por nacimiento y tienes otra nacionalidad, pero en este caso si aplicáramos esta nueva sentencia del TSJ, Maduro debería haber renunciado y no ser presidente, no entiendo por qué algunos artículos de la Constitución se interpretan de una manera para un lado y de otra para el otro. Aquí parece que el presidente tiene derechos y los venezolanos tienen solo deberes”, agregó.
Con relación a las sentencias atinentes a los partidos políticos publicadas recientemente por el máximo organismo judicial del país, Louza explicó: “Hay dos sentencias del TSJ, una que establece que los partidos se tienen que renovar, los que tienen menos de 1%, que son prácticamente todos, entre los cuales está la MUD y el partido de Gobierno, el resto, por ejemplo: AD, Copei, PJ, VP, se tienen que renovar, y ese es un problema porque si no se renuevan no pueden ir a elecciones regionales, es decir, ellos no pueden proponer a sus candidatos, entonces ahí el TSJ creó una trampa que no existía, que no está en la Constitución, que no está en ningún lado, y además estableció en otra sentencia que el CNE es quien va a decidir cuándo tú te puedes inscribir si tienes un partido nuevo y cómo lo vas a hacer, ahora hay trampas por todos lados para ejercer el derecho al sufragio”.
Con respecto al manejo de la economía por parte del Ejecutivo, la directora de Acceso a la Justicia, destacó: “Si el modelo económico del gobierno implica que el Ejecutivo hace lo que quiere y es el que decide qué tiene que comer el ciudadano y qué no, y es el dueño de todas las empresas, eso es contrario a lo que establece la Constitución, la Constitución establece que los venezolanos tenemos derechos a emprender, tenemos derecho a la propiedad privada”.
Louza indicó que ante la idea del Gobierno de establecer el Plan de la Patria, debería realizarse un plebiscito y en función de la elección empezar un diálogo: “Ya sabemos que en 2007 fue rechazado y ha ido siendo ejecutado, a pesar que ese plan no contiene lo que establece la Constitución; con ese panorama no puedes tener un diálogo. Insisto, es que el problema aquí es que el Gobierno lo que quiere aplicar es el Plan de la Patria, aceptando un solo pensamiento, una sola ideología que es la comunista, y eso es lo estamos viviendo y vamos a más”.
“Estamos muy preocupados porque el plan de la Patria niega los derechos constitucionales, los derechos humanos y también niega el derecho de acceso a la justicia, hemos estado siempre en contra de ese plan y es muy peligroso lo que nos está pasando. Ojalá en el Gobierno se entienda que ese no es el camino, que hay que seguir lo que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución para poder tener un régimen libre y democrático de verdad”, concluyó.