El 23 de enero de 1958, un sector de la fuerza armada escenificó un modalidad de golpe de Estado militar (no hay redundancia conceptual al respecto): la dirigida a desplazar a otra facción de la institución que hacía las veces de poder ejecutivo. Es decir, los insurgentes se opusieron a la persistencia del gobierno militar en funciones, derrocaron a los enquistados en Miraflores e iniciaron la transición conducente a la restauración del sistema democrático. Como era de esperarse, la historiografía en general, amplios sectores de la opinión pública y los partidos políticos y las parcialidades del mismo tipo interesadas en retornar a la contienda por el control de las maquinarias estatal y gubernamental, aplaudieron a rabiar la acción emprendida, partiendo de la justeza del objetivo perseguido. Así se construyó el imaginario de la conjunción «cívico-militar», el por décadas tan cacareado «espíritu del 23 de enero».
Empero, más allá de lo tradicionalmente aceptado, la inexcusable valoración de dicha coyuntura histórica permite inferir el grado de inmadurez política evidenciado por la sociedad venezolana en esos momentos pues, sin lugar a dudas, el destino del país estuvo en manos de sectores pretorianos de la fuerza armada que actuaron bajo la convicción de asumirse el factor decisivo en materia política, abarcando áreas específicas del entramado social que de facto y de jure en modo alguno eran de su competencia. Y, como era dable suponer, grupos de ese actor político decisivo no estuvieron dispuestos a ceder tan privilegiada condición. Así, la transición a la democracia se materializó con el fantasma a cuestas de la intervención militar en política. El neonato sistema democrático vio la luz asediado por esa recurrente constante histórica nacional y en su contra conspiraron los elementos más retrógrados enquistados en la institución armada.
En otras palabras, el pretorianismo no fue derrotado con la deposición de la dictadura militar y se mostró en toda su sangrienta magnitud durante el primer lustro de la emergente democracia. Sectores significativos de la fuerza armada se empeñaron durante ese lapso en intervenir en política y actuaron de manera sostenida con la pretensión de hacer que sus numerarios pasasen a controlar Estado y gobierno, ya directamente, ya por mampuesto, lo cual se evidenció en el acompañamiento que el liderazgo y/o ciertos personeros de partidos políticos afines al marxismo desplegaron en torno a algunas de las rebeliones militares ocurridas, lo cual dio pie a la generación de uno de los mitos más extendidos de la historiografía nacional: los golpes militares de «izquierda», no otra cosa sino golpismo irredento.
Es cierto que la aprendida habilidad y férrea voluntad del liderazgo del momento para enfrentar los alzamientos, la inequívoca respuesta institucional propinada en contra de estos por la porción mayoritaria de la institución armada y el clima de entendimiento nacional en torno a la necesidad de preservar el proyecto democrático, confluyeron para edificar un sólido muro de contención a las aspiraciones de los sublevados. Pero, también es cierto, el aprendizaje obtenido no puede desdeñar el hecho indiscutible de que si los procesos de transición hacia la democracia están dirigidos por el sector militar, o acusan papel preponderante de éste, es altamente probable que los golpistas de siempre se salgan de madre y aspiren a conquistar el poder o cuando menos a tutelarlo.
Hay lugares comunes que matan. Suele suceder más de lo deseado: las lecciones de los hechos históricos no siempre son interpretadas adecuadamente.
Historiador
Universidad Simón Bolívar
@luisbutto3