La empresa brasileña Odebrecht no reveló a quiénes sobornó, ni quiénes intermediaron en los pagos al admitir, en Estados Unidos, que coimeó a funcionarios en la Argentina y en otros 11 países.
Por Hugo Alconada Mon para La Nación (Argentina)
Pero varios de esos nombres comienzan a salir a la luz, al cruzar los documentos del Departamento de Justicia con la investigación brasileña Lava Jato y los relatos coincidentes de fuentes en la Argentina que dialogaron con LA NACION.
El armado de ese rompecabezas ya incluye los nombres de siete brasileños, dos argentinos y sospechas crecientes sobre varios más, según surge de esos documentos oficiales y los testimonios. Todos ellos, abocados a la obtención de tres proyectos de obra pública en la Argentina entre 2007 y 2014 por un total de US$ 278 millones, casi $ 4500 millones al tipo de cambio actual.
Los brasileños integran el escalafón jerárquico de Odebrecht o fueron ya identificados -y en ciertos casos condenados- por la justicia brasileña como intermediarios y valijeros. En el caso de los argentinos, todos rodean al entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien rechazó las sospechas y negó todo. Entre ellos se encuentran el ex secretario de Transporte y subalterno de De Vido Ricardo Jaime, y su supuesto testaferro, Manuel Vázquez. También está comprometido el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez.
Los nombres de los tres proyectos por los que coimeó Odebrecht también siguen en las sombras. Pero los pocos datos ventilados por la fiscalía de Nueva York permiten apuntar dos de ellos. El primero es la planta de potabilización de agua en Paraná de las Palmas; el otro, el soterramiento del corredor ferroviario de la línea Sarmiento, que Odebrecht ganó junto a la constructora Iecsa, de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.
Dos de los argentinos involucrados en la trama Odebrecht cobraron coimas por ese proyecto ferroviario. Son el entonces secretario de Transporte y subalterno de De Vido Ricardo Jaime, y su testaferro, Manuel Vázquez, quien llegó a reclamar por correo electrónico en febrero de 2010 un pago por US$ 80.000 que le adeudaban desde septiembre de 2009 por un soborno cuya cifra total sigue en las sombras.
Los archivos adjuntos a ese e-mail aportaron a los investigadores de la policía brasileña un ejemplo concreto del sistema de coimas que montó Odebrecht. ¿Por qué? Porque su entonces director para América latina el brasileño Mauricio Couri Ribeiro recurrió a la sociedad offshore Klienfeld Services Ltd del también brasileño Fernando Migliaccio da Silva, para girar los pagos a otra firma offshore, la uruguaya Pribont Corporation, que debía recibir esos US$ 80.000 en una cuenta en el First Caribbean International Bank, de Curaçao.
Por arriba de Jaime, las sospechas alrededor de De Vido se concentran en Jorge “Corcho” Rodríguez, quien sirvió de enlace con Odebrecht, para la cual trabajó durante años como facilitador y lobista de sus intereses.
“No hemos recibido dinero para darle a ningún funcionario”, negó Rodríguez ayer ante la consulta de LA NACION, aunque admitió vínculos personales y laborales con la familia de De Vido, y profesionales con Odebrecht (de lo que se informa por separado).
De Vido también salió al cruce. “Desde ya niego rotundamente haber recibido sobornos de esta empresa ni de ninguna otra”, afirmó por Twitter, para luego adjudicar a “la imaginación y el deseo” de periodistas argentinos su eventual participación en ese esquema de corrupción. “La prueba más cabal del carácter tendencioso de la noticia [en la Argentina] es que se omite en forma maliciosa que el principal socio de Odebrecht en Argentina es la empresa Iecsa, de Ángelo Calcaterra, primo de Macri y a todas luces su «testaferro»”, retrucó en una columna que publicó en el diario Ámbito Financiero, de Cristóbal López.
Con investigaciones simultáneas en Brasil, EE. UU., Suiza y ahora en el país, es cuestión de tiempo para que más datos salgan a la luz. Así lo descuentan también desde Odebrecht Argentina. Consultados ayer por LA NACION, indicaron que este proceso será “largo” y que es algo “para lo que nos estábamos preparando”.
Esos datos que saldrán a la luz abarcarán quiénes son los misteriosos empleados de Odebrecht a los que el Departamento de Justicia identificó como los números 4 y 6 en su acuerdo con Odebrecht por violar la ley de prácticas corruptas cometidas en el extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés).
Ese acuerdo aportó contados datos sobre ambos. Expuso que son brasileños, que uno estaba a cargo de la superintendencia de Odebrecht en Angola y América latina, y que el otro residió en Miami entre 2014 y 2015, donde mantuvo reuniones para coordinar las coimas, aunque viajaba a cada país para reunirse con los sobornados e, incluso, acompañarlos a los bancos para abrir cuentas donde depositar el dinero negro.
Aunque el Departamento de Justicia calló sus nombres, cruzar ese acuerdo con algunos fallos del juez brasileño Sergio Moro permite identificarlos. Así, en una resolución del 11 de febrero, el magistrado identificó al responsable de Angola y América latina -es decir, al empleado N° 6- como Luiz Antonio Mameri. Y consignó que el propio Migliaccio vivió en Estados Unidos durante el segundo semestre de 2014 “a expensas de Odebrecht”. Es decir, que podría ser el “empleado N° 4”.
Ambos se encuentran contra las cuerdas. Mameri participó en el supuesto pago de US$ 2 millones al ex presidente Lula para que destrabara negocios en Angola y ya se acogió al régimen de “delación premiada”. Migliaccio fue arrestado en Suiza, en febrero pasado, mientras intentaba cerrar cuentas y destruir documentación. También se acogió al régimen de los delatores.
Pero allí no se acaban los nombres sensibles para el poder político y empresarial argentino. Porque a los ya revelados se suman otros. Entre ellos, los de Alberto Youssef, un operador del mercado negro de divisas brasileño -es decir, un cuevero o “doleiro”-, que movió fondos para Odebrecht y al ser allanado, la policía encontró registros de más de 700 contratos.
Youssef ya fue condenado a 8 años de prisión por lavado y evasión. Pero se acogió al régimen de “delación premiada” y a cambio de una reducción de su pena a sólo 3 años en la cárcel aportó datos vitales para la pesquisa. Esa investigación, en el caso de la Argentina, también abarca a dos hermanos brasileños que darán que hablar: Leonardo y Leandro Meirelles.