El Examen Periódico Universal (EPU) es un proceso singular que incluye un examen de los expedientes de derechos humanos de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas.
El EPU es un proceso dirigido por los Estados con el auspicio del Consejo de Derechos Humanos, que ofrece a cada Estado la oportunidad de declarar qué medidas ha adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en el país y para cumplir con sus obligaciones en la materia. Al ser una de las herramientas principales del Consejo, el EPU se concibió para asegurar un trato homogéneo a todos los países cuando se evalúan las situaciones de derechos humanos.
Todo muy hermoso hasta que le toca el turno a Venezuela y le caen a cobas a la Organización de las Naciones Unidas, sin ningún tipo de remordimiento.
La canciller Delcy Eloína, la ministra de Salud Luisana Melo, el director de Conatel William Castillo y la ministra de Asuntos Penitenciarios Iris Varela -entre otros no menos faltos de verdades- fueron los encargados de doblar la verdad frente a los países del mundo cuando le tocó el examen a Venezuela.
Medicinas para todos
Las astronómicas cifras de Luisana Melo contrastan enormemente con las interminables colas y caras largas de los enfermos que acuden a la farmacia del Instituto Venezolano de Seguro Social de Medicamentos de Alto Costo. En tal sentido Melo aseguró que en el país “se distribuyó para la red pública asistencial 255.390.000 unidades de medicamentos, 32.098.135 unidades de material médico quirúrgico y 68.644 equipos de diferentes tecnología”.
Tan lejos como el pasado 15 de junio, la Federación Médica Venezolana reportaba un increíble 90 % de escasez de medicamentos tanto en farmacias como en instituciones y hospitales del Estado.
Cárceles humanitarias
“En Venezuela se han creado instituciones que garantizan los derechos humanos de los privados de libertad”, vociferó Iris Varela, según reseña Efecto Cocuyo, momento en que aseguró que se han construido y ampliado nuevos centros de reclusión 29 y que se ha bloqueado el uso de teléfonos celulares desde las penitenciarías.
A cinco años de creación del Ministerio de Servicios Penitenciarios, la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones publicó un contundente informe que indaga sobre la desviación de 6.465.000 dólares por parte del organismo e indica que solo 2 cárceles se han terminado de las 24 prometidas. El OVP concluyó que la corrupción, el tráfico de armas, así como el de drogas dentro de los penales sigue prácticamente intacto tras cinco años de gestión.
Prensa libre y sin problemas
El Pinocho masculino fue el director de Conatel, quien aseguró que “en Venezuela no hay periodistas presos ni procesados… que se garantiza la libertad de expresión, que no hay restricciones contra la prensa”, según reseñó Efecto Cocuyo. Castillo, por supuesto, obvió los constantes ataques a periodistas y reporteros gráficos durante el ejercicio de su labor, blanco de grupos irregulares, colectivos violentos, funcionarios del Estado y cuerpos de seguridad sin contar las “visitas” a juro a la sede del Sebin Helicoide por las buenas o por las malas.
Delcy, la evasiva
Varios países latinoamericanos y de la Unión Europea (UE) solicitaron este martes en Ginebra a Venezuela que acepte la visita al país de Relatores de la ONU en materia de derechos humanos, ante lo que la canciller de este país, Delcy Rodríguez, se mostró evasiva
“Sólo invitaremos a los (países) que no tengan posiciones direccionadas”, dijo Rodríguez, en un claro ejercicio democrático de apertura a la verdad.
El jueves se dará a conocer un informe escrito sobre la audiencia de esta jornada, y Venezuela tendrá que decidir si acepta o rechaza las recomendaciones planteadas, o éstas quedan pendientes para su estudio hasta marzo de 2017, cuando este informe debe ser aprobado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.