En horas recientes fue aprobada en primera discusión el Proyecto de Ley contra la Corrupción y Salvaguarda del Patrimonio Público, la cual tiene por objeto principal, blindar a la nación, controlando cautelosamente el manejo de la administración pública, frenando así los vicios reiterativos como el nepotismo y la malversación de Fondos del Estado, que sin lugar a dudas han hecho un daño prácticamente irreversible contra la nación, porque han contado con una especie de sociedad de cómplices, donde una camarilla de funcionarios, se tapan unos con otros sus delitos, sin que haya un castigo ejemplarizante al respecto.
Después de un arduo trabajo en la Comisión de Contraloría, presentamos en la plenaria de la Asamblea Nacional, esta Ley Contra la Corrupción y Salvaguarda del Patrimonio Público, la cual asumimos con mucha responsabilidad, porque no sólo abarcamos todos los aspectos que pueden generar corrupción en la administración pública, sino que legislamos una normativa jurídica para que prevalezca en el tiempo como un marco de referencia importante, porque no existe un ápice o influencia de una parcialidad política. Partimos del hecho que la ley es para todo, y por tanto así hicimos el enfoque y desarrollo de la misma.
A mi juicio, uno de los aspectos más importantes en esta ley, es el capítulo que se refiere a la Educación contra la corrupción, como mecanismo para la prevención de la corrupción, y en virtud de la importancia que reviste a tal fin, la enseñanza contra la corrupción y la promoción de la ética pública y moral administrativa, el comportamiento cívico y la urbanidad. En este sentido hemos establecido la obligación de ceñir la conducta de los funcionarios públicos a lo previsto en el Código de Ética de los Servidores Públicos dictado el Poder Ciudadano, sin perjuicio de las demás normativas aplicables.
Asimismo, y bien importante resulta la obligación de los órganos rectores de las políticas educativas, de incluir en los programas de estudios, contenidos referentes a la ética pública, moral administrativa, comportamiento cívico y urbanidad, con carácter obligatorio, desde la educación preescolar hasta la educación universitaria. De igual forma, deberán promover programas de formación docente en estas materias, para garantizar su adecuada impartición.
Otro aspecto de gran relevancia en este articulado, es lo relativo al Nepotismo,
porque no existe nepotismo de un solo color o de una parcialidad política. Es un daño moral en contra de la sociedad y por eso debemos combatirlo, si queremos adecentar la administración pública y el ejecútese de funciones inherentes a la contraloría, supervisión y control del patrimonio público. No obstante, los venezolanos hemos sido testigos del daño que causa el nepotismo porque existe una especie de complicidad explícita, tomando en cuenta que no hay imparcialidad, porque los intereses son familiares y está de por medio la sangre a la hora de tomar decisiones o echar dedo. Sólo voy a citar una referencia de este gobierno, y es el Contralor General de la República, Manuel Galindo, quien tiene a sus familiares directos en los cargos más relevantes dentro del ente contralor, y se ha dado el tupé de decir al país, que existe nepotismo bueno y nepotismo malo.
Otro artículo donde metimos la lupa en profundidad es la relación que existe entre la corrupción y el narcotráfico, evidenciada en la complicidad amoral de altos funcionarios de este gobierno con uno de los delitos más cuestionados a nivel internacional. En Venezuela estamos frente a un Estado hampón que protege a funcionarios militares y civiles, señalados y denunciados en materia de narcotráfico, y en vez de canalizar o investigarlos, los blinda con foro diplomático, con inmunidad parlamentaria y los premia con altos cargos en materia de seguridad nacional. Esto no sólo es una aberración sino que significa, un peligro a la soberanía del país, porque estamos en manos de hampones y corruptos, que valiéndose del poder, delinquen en uno de los flagelos más graves como es el narcotráfico.
Hemos venido alertando al país, del posible desplazamiento que pueda darse de las FARC de Colombia hacía nuestro territorio, una vez que se ha iniciado un proceso de paz y de acuerdo entre el gobierno de ese país y estos grupos que operan al margen de la ley. Venezuela debe tomar medidas extremas para evitar la penetración de estas células guerrilleras en la zona fronteriza, porque para nadie es un secreto que estos grupos paramilitares son los grandes controladores del narcotráfico en el mundo, y no vaya a ser que de ser un país puente del narcotráfico, pasemos a ser grandes productores de droga en el mundo, con la anuencia de una cúpula militar cívica de este gobierno que está empantanada en cuanto a este escabroso tema.
En Venezuela va a haber un cambio definitivo, y parte de este vuelco histórico es el adecentamiento del país, y del cese a la corrupción y a los vicios que este cáncer trae consigo. No nos intimidarán, ni nos van a chantajear con su política de persecución y siembra de delitos. Este gobierno no se va a salvar, y todas las denuncias que lleguen a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, el pueblo venezolano puede estar tranquilo, porque van a ser investigadas, y más temprano que tarde, vamos a reestablecer el sistema judicial en Venezuela y habrá justicia.
Ismael García
Diputado a la Asamblea Nacional
PJ-Unidad Democrática
@ismaelprogreso