Los derechos humanos se consideran uno de los principales aportes de la Civilización Occidental al mundo. Estos derechos, que son principios irrevocables e inmanentes, han evolucionado de forma significativamente a medida que el mundo se ha hecho cada vez más pequeños. Algunos nuevos han surgido y otros, de vieja data, han sido visibilizados. Uno de estos derechos, es el acceso a fuentes de agua potable.
El agua, su posesión, consumo y distribución ha sido uno de los grandes quebraderos de cabeza de la humanidad, desde la antigüedad hasta el presente. Y a medida que avanza el efecto invernadero este recurso se volverá cada vez más importante, tanto que, sin duda, será causa suficiente para que los Estados se vayan a la guerra, en un futuro no tan lejano. Dejando de lado estas imágenes dignas de la ciencia ficción y el libro del Apocalipsis, lo cierto es que las instituciones tienen entre manos un problema que creciente. Hay un recurso escaso, una población que crece geométricamente y con ellas una serie de necesidades que se debe satisfacer, y un gobierno que se niega a administrar este bien preciado con mentalidad de escasez.
Es cierto que la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, considera al agua y el acceso a la misma, como una cuestión primordial. Junto con Bolivia, Venezuela es uno de los países que ha impedido que sus recursos hídricos sean privatizados. Es loable el hecho de que este recurso y su acceso este protegido por las leyes, pero lo cierto es que de poco sirve si en lo que respecta a los hechos el Estado es incapaz y no hace lo necesario para satisfacer a la población y garantizar este derecho primordial.
Desde el 2001 el Distrito Capital enfrenta un problema a la hora de satisfacer esta necesidad. El agua en esta zona tiene una cobertura insuficiente, ha tenido una inversión fluctuante y presenta una baja calidad. En la actualidad estos problemas se han visto incrementados pues, sumados a ellos, el agua presenta ahora una coloración y un olor que la descartan como potable. Añadido a ello, tenemos un problema estructural inherente al clima tropical y la crisis ambiental global, las sequias han sido severas y las lluvias poca. Los dos embalses que suministran agua a Caracas están en niveles bajos, las estaciones de bombeo —tanto por la poca inversión, como por el exceso de trabajo— se dañan con frecuencia y deben ser reparadas. Ejemplo de ello es que a finales del mes de Julio las reparaciones de Tuy II dejaron a buena parte de Caracas sin agua.
Tomando en cuenta la crisis estructural que nos aqueja, debemos tener presente a su vez, que los criterios y propuestas hechas tanto del ejecutivo, como desde los municipios, no son escuchados por los entes que prestan el servicio. Hidrocapital, por ejemplo, establece planes y horarios de racionamiento que, posteriormente, no respeta. Por lo tanto, no es raro escuchar denuncia de comunidades en la Gran Caracas que no ha recibido agua en 15 días o más, sectores que deben resolver por otros medios.
Por su parte, el municipio Baruta es uno de los más afectados. Varias zonas dentro de esta comunidad han enfrentado varias quincenas sin el vital líquido, y varias veces este municipio, en conjunto con el de Chacao, han protestado y presentado propuestas a Hidrocapital, quienes en una actitud muy acomodaticia se lavan las manos cada vez que pueden. Ante este fenómeno, el municipio ha optado por ofrecer un servicio gratuito a zonas rurales —que suelen ser la más afectadas— y las escuelas públicas, donde los niños y su acceso a le educación, y por ende, su derecho a una formación de calidad se ve severamente afectada.
Al margen de esta situación, y de las acciones adelantadas por las comunidades y los municipios, es evidente que hace falta crear y promover políticas y programas que propongan mejoras en el suministro. Que a su vez eduquen a la población sobre lo vital que es usar este recurso —cada vez más escaso— con una mentalidad de ahorro, todo por el bien de las generaciones futura y una mejora sustancial en la calidad de vida de todos nosotros.