La legalización del mercado paralelo es importante no solamente para la industria, sino también para el comercio, y en Margarita se hace muy necesaria porque vive de muchos de los productos importados bajo el régimen de Puerto Libre.
Juan Pablo Olalquiaga, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), señaló que esa posibilidad está contenida en una propuesta de cinco puntos que vienen presentando para dar oxígeno inmediato a la operatividad de las empresas.
Subrayó que en la medida que los rubros no puedan ser adquiridos con dólares de libre transacción, cuyo costo se pueda reflejar efectivamente en la contabilidad de las compañías, no podrá recuperarse la economía local.
La idea es que los precios que se generen, contengan la totalidad de lo que ha tenido que erogar la empresa en la adquisición de esos bienes.
Para Olalquiaga, en tanto se pueda reflejar el costo verdadero de los dólares, se irá posibilitando que las industrias vayan adquiriendo los insumos que requieren y el comercio irá fluyendo.
Destacó la receptividad de la Asamblea Nacional al aprobar la Ley de Producción Nacional como opción para desmontar todas las trabas que existen en Venezuela para poder producir.
Lamentó que las propuestas no hayan sido acogidas por el Ejecutivo nacional, siendo una de ellas la solicitud del pago de la deuda con los proveedores en el extranjero, que asciende a los 12 mil millones de dólares, entendiendo que en la actualidad hay menos disponibilidad de divisas que en el pasado.
Ante eso, proponen que esa deuda sea titularizada, es decir, pagada con pagarés del Banco Central de Venezuela o con bonos de la República, mecanismo que permitiría sufragarla y posibilitar nuevas compras en el extranjero.
“Mientras no se pague la deuda comercial y mientras las empresas no tengan acceso cotidiano a las divisas para importar, no se tendrá materia prima”, afirmó.
Subsidio directo
Otra propuesta es la eliminación del control de precios y sustituirlo por el subsidio directo, ya que lo único que ha traído es quiebra de empresas, contrabando de extracción y, en consecuencia, imposibilidad de atender a los consumidores de forma regular, lo cual se traduce en desabastecimiento.