En días recientes consignamos ante la Fiscalía General de la República, un informe realizado por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, donde hay claros indícios de la responsabilidad política del M/G Carlos Osorio, en su condición de ministro de Alimentación y alto comisionado del gobierno nacional para las importaciones de alimentos y otros rubros. Hemos solicitado a Luisa Ortega Díaz, que inicie una investigación al respecto, porque estamos hablando de uno de los desfalcos más grandes contra la nación, el cual pretenden silenciar desde las altas esferas de un poder judicial corrupto y testaferro de sentencias amañadas que se emiten desde Miraflores.
Estamos hablando de un daño patrimonial que se hizo al país por más de nueve años, en lo concerniente a la importación de alimentos, y cuyo responsable directo es Carlos Osorio, hoy y hasta ahora, uno de los hombres más protegidos por Nicolás Maduro. Sólo entre 2013 y 2016, se produjo un daño patrimonial público de 27 Mil Millones de Dólares, cuando este alto exponente de la cúpula militar cívica, fue designado junto a Marco Torres, en su condición en aquel momento de viceministro de Finanzas, para investigar el supuesto Cadivismo denunciado por el propio Maduro, dónde habló de un desfalco a la nación cercano a 60 Mil Millones de Dólares.
Pues bien, Carlos Osorio tuvo la oportunidad de acudir a la Asamblea Nacional a aclararle al país, acerca de sus actuaciones como ministro de Alimentación y alto comisionado para la importaciones de alimentos, pero se le hizo más fácil tratar de eludir su responsabilidad frente a la justicia y a la historia, escondiéndose bajo las faldas de una juez en el estado Carabobo, quien en una sentencia absurda y anticonstitucional, prohibió a mi persona, al diputado Carlos Berrizbeitia y a otros dirigentes políticos, hablar sobre el protegido de Maduro, y emitir cualquier pronunciamento en su contra. No obstante, nosotros no acatamos ninguna aberración jurídica que vaya en contra de la Constitución Nacional, porque como venezolanos, como demócratas y como parlamentarios, debemos obediencia a este manifesto que rige la vida política, económica, social, moral y judicial del país.
Los delitos no pueden prescribir, ni se pueden silenciar, más cuando por la actuación y complicidad de este gobierno en materia de corrupción, hemos sucumbido a la peor crisis jamás vivida en nuestro país. Por lo tanto, le digo a Carlos Osorio que no hay corruptos buenos o malos, simplemente hay corruptos, y deben pagar por sus delitos y por el ultraje hecho contra la nación. Aquí no se trata si tienen cachucha o uniforme militar, aquí se trata del desvío de 27 Mil Millones de Dólares, donde él, es el principal responsable, y por lo tanto debe dar la cara al país, porque este dinero era para la importación de alimentos, y justamente, hoy el 90% de los venezolanos sufren los embates de esta actuación apátrida, y por consecuencia, están muriendo de hambre porque simple y llanamente no hay comida en nuestro país.
En consecuencia, hemos solicitado a Luisa Ortega Díaz, que designe un Fiscal Especial para que practique las diligencias pertinentes y hacer constar la comisión de los hechos delictivos en el informe presentado por la Comisión de Contraloría. Asimismo, le solicitamos que determinen las responsabilidades de Narman Wakil, Carlos Osorio, Jesús Marquina Parra y Néstor Marquina Parra, cuñados del Mayor General, y de las demás personas y funcionarios que participaron, y los que pudieran estar incursos en tales eventos, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración del delito. Entonces, si el gobierno eufóricamente dice que está abocado a la lucha contra la corrupción, ha llegado la hora de que caigan los peces gordos y gorgojos mayores que han llevado a este país a la quiebra.
Nosotros queremos que el país sepa por qué Naman Wakil, transfirió casi 6 Millones de Dólares a cuentas de dos cuñados de Carlos Osorio, cuando éste se desempeñaba como ministro de Alimentación y controlaba CASA, todo lo cual da indicios de la estrecha y evidente relación entre el privilegiado proveedor del gobierno y Carlos Osorio, quien mantuvo el monopolio y control de la importación de alimentos por más de una década, y que terminó siendo el gran negocio de los edecanes de la mafía.
Aquí no hay nada personal, es una cuestión de ética, de justicia y de adecentamiento del país, porque no es justo que una minúscula cúpula militar cívico, basados en una falsa de revolución, cometieron un desfalco al país aproximadamente de 300 Mil Millones de Dólares, según lo afirmado por el ex ministro Héctor Navarro en la Comisión de Contraloría. Todo esto constituye la estafa más grande hecha a nuestra nación, la cual benefició económicamente a un grupito y a sus familiares, mientras comprometieron el presente y futuro de un país en su conjunto.
Le decimos a los venezolanos y al mundo, que no abandonaremos esta lucha contra la corrupción, y desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, sacaremos a la luz pública toda esta vorágine causada contra el país. Los venezolanos merecen saber y ver los rostros de los responsables de la peor crisis política, económica, social y moral jamás vivida en nuestro país. No podemos ser blandengues ni cómplices por omisión frente al delito. Como parlamentarios, nos debemos a nuestro pueblo y nos fundamentamos en nuestra Constitución Nacional, sin lugar a dudas, una de las conquistas más nobles, justas y de equidad que se han logrado en los últimos tiempos en Venezuela.
Ismael García
Diputado a laAsamblea Nacional
PJ-Unidad Democrática
@ismaelprogreso