El administrador general de Vialidad Nacional de Argentina, Javier Iguacel, señaló hoy que se realizaron auditorías de las obras públicas licitadas durante el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) y se encontraron una “maquinaria” que establecía sobreprecios del 50 % de media.
EFE
“Nuestros cómputos van desde el 30 % al 70 %, con un promedio del 50 %”, afirmó Iguacel en declaraciones a Radio Nacional antes de denunciar la existencia de una “maquinaria” a través de la cual se pagaban obras públicas antes de que se realizaran.
La afirmación se produce después de que ayer la exmandataria reclamara en una entrevista telefónica con el canal C5N la realización de una auditoría de todos los contratos que se adjudicaron en los “últimos años” de su gestión.
“Hicimos auditorías que hemos presentado a la Justicia. Cada una que abrimos nueva confirma la denuncia que hicimos”, insistió el titular de Vialidad antes de afirmar que la información que aportaron es “más que suficiente” para que trabaje el juzgado de Julián Ercolini, que investiga supuestas maniobras para favorecer a empresarios en las licitaciones de ese periodo.
Según Iguacel, en las investigaciones realizadas por Vialidad se encontraron pagos a “muchas empresas” ordenados por el secretario de Obras Públicas durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa (2007-2015), José López, detenido el 14 de junio tras supuestamente tratar de esconder bolsas con casi 9 millones de dólares en un convento de la provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, destacó, “la que consecuentemente generaba pagos adelantados” pertenecía al grupo Austral Construcciones, del empresario Lázaro Báez, detenido desde abril por presunto lavado de dinero.
Báez, estrecho colaborador del fallecido exmandatario, fue el principal adjudicatario de obra pública en la sureña provincia de Santa Cruz, cuna del kirchnerismo.
Para Iguacel, durante el anterior Gobierno se producía un circuito “inverso” al adecuado, ya que en vez de que se realizara una obra, se certificara y se abonara el dinero, “López llamaba a Vialidad” para que pagaran y los encargados de la construcción “armaban un papel que decía que se había hecho” cuando realmente no era así.
Asimismo, reveló que la denuncia que realizó no es solo contra Báez y López sino contra “muchos funcionarios” que, en el ámbito provincial y nacional, participaron en una “cadena” de forma voluntaria u obligados pero que “por miedo” no querían hablar sobre lo que ocurría hasta hoy.
Iguacel hizo hincapié en la “prioridad absoluta” que tiene el Gobierno de Mauricio Macri de trabajar con “transparencia” e “impunidad cero”, motivo por el cual ahora siempre se paga la obra “después de que se hizo”.