El Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó hoy estudiar dos casos de Texas con el objetivo de evaluar si el estado sureño aplica la pena capital a posibles enfermos mentales y si se deja guiar por prejuicios racistas.
EFE
“Petición aceptada”, determinó hoy el Tribunal Supremo, que estudiará los casos de Texas, el estado líder en ejecuciones, durante el próximo periodo de sesiones, que empezará en octubre próximo y terminará en junio de 2017.
El rostro de uno de los casos es Bobby J. Moore, que lleva desde la década de los años 80 en el corredor de la muerte por disparar y matar cuando tenía 20 años al anciano James McCarble durante un robo en un supermercado de Houston (Texas).
Los abogados del condenado aseguran que Texas no evaluó de forma correcta las capacidades mentales de Moore, que ahora tiene 56 años, posee un coeficiente intelectual muy bajo y no debería haber sido sentenciado a muerte.
La defensa de Moore también ha denunciado tratos inhumanos contra el individuo, un punto que el Tribunal Supremo rechazó hoy estudiar a pesar de que el acusado lleva 35 años en el corredor de la muerte y ha permanecido 15 años en régimen de aislamiento.
El otro caso es el de Duane Buck, un hombre negro de 52 años condenado en 1995 por la muerte de su exnovia Debra Gardner y de un amigo de ella, Kenneth Butler.
La ley de Texas permite que una persona sea condenada a muerte si los fiscales pueden mostrar que constituye un peligro para la sociedad en el presente y en el futuro.
Durante la fase de sentencia del juicio, un psicólogo testificó y dijo que el color de piel era uno de los factores que podían estar asociados a la decisión de considerar a un hombre como un peligro futuro para la sociedad, de forma que el acusado podía ser visto como más peligroso por ser negro.
La defensa de Buck pidió la revisión del caso al Tribunal Supremo porque la sentencia estuvo plagada de “prejuicios racistas” y porque “la supuesta relación entre raza y la futura peligrosidad se ha demostrado falsa”, según destacan en documentos judiciales.
Desde que el Tribunal Supremo reinstaurara la pena de muerte en 1976, el país en conjunto ha ejecutado a 1.436 personas y Texas a 537, siendo este el estado donde más sentencias de muerte se han practicado, según un informe del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.