El Gobierno brasileño incrementó hoy su presión ante los tribunales y la policía, ante el cerco que la justicia ha tendido alrededor del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, investigado por corrupción.
El abogado del Estado, José Eduardo Cardoso, anunció que recurrirá ante el Tribunal Supremo la decisión cautelar que en la noche del viernes congeló el nombramiento de Lula como ministro y que, en consecuencia, le privó del fuero privilegiado y permitió que su proceso siga en una corte común.
La decisión cautelar tomada por el magistrado Gilmar Mendes puso fin a un torbellino de sentencias sucesivas y contradictorias y supuso un mazazo para Lula, que ahora podría ser procesado por el riguroso juez Sergio Moro, el principal responsable del caso de corrupción en la petrolera Petrobras.
En su sentencia, Mendes consideró que el nombramiento se realizó “claramente” con el propósito de “impedir” un posible arresto de Lula, puesto que la fiscalía de Sao Paulo solicitó una orden de prisión preventiva, que aún no ha sido analizada por la justicia.
Esa decisión también fue un jarro de agua fría para el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, quien albergaba la esperanza de que Lula pudiera contribuir a frenar la desbandada de partidos aliados, en un momento que se enfrenta a un posible juicio político que persigue su destitución.
Las tiranteces entre el Gobierno y los responsables de las investigaciones de corrupción ganaron un nuevo capítulo este sábado con el aviso de que se retirará del caso Petrobras a los policías que actualmente están a su cargo si ocurren nuevas filtraciones a la prensa.
Esa advertencia fue proferida por el nuevo ministro de Justicia, Eugênio Aragão, y recibió la inmediata respuesta de la Asociación de Comisarios de Policía, que la consideró como una “interferencia” en las investigaciones.
El director de esa asociación, Carlos Eduardo Miguel Sobral, consideró que esa declaración del ministro trasluce las “prisas” del Gobierno para dar un carpetazo a las pesquisas, que han salpicado a importantes políticos, entre ellos Lula, que ha sido denunciado formalmente de los delitos de lavado de dinero y falsificación.
Sin embargo, el ministro justificó la medida para evitar que el proceso judicial se “politice” mediante “filtraciones selectivas” tan sólo de los casos que afectan a políticos oficialistas.
Al margen de su particular batalla con los tribunales, el oficialismo recibió hoy con alivio la noticia de la asistencia masiva a las manifestaciones celebradas este viernes en ciudades de todo el país en apoyo de Rousseff y Lula.
Si bien las marchas fueron menores que las que realizó la oposición del pasado domingo, que fueron consideradas las más multitudinarias en la historia de Brasil, sí supusieron un balón de oxígeno para el Gobierno.
Su éxito de convocatoria, teniendo en cuenta el momento agudo de la crisis, no fue negado ni si quiera por los más férreos opositores al Gobierno y muestra que en las calles se mantiene la polarización que quedó patente en las elecciones de 2014, en las que Rousseff se impuso por un estrecho margen ante el opositor Aécio Neves.
El presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Rui Falcão, afirmó hoy que estas marchas mostraron que “los intentos de deposición del Gobierno” no traen estabilidad al país y defendió que se aborten los intentos de destituir a la jefa de Estado.
A pesar de las marchas multitudinarias, que según los organizadores superaron un millón de asistentes y según la Policía fueron 300.000 personas, una encuesta constató hoy que han aumentado los detractores de Rousseff.
Según la encuesta, realizada por la firma Datafolha, el porcentaje de los brasileños favorable a la destitución de Rousseff subió ocho puntos en el último mes y llegó al 68 %, mientras que los que apoyan a la mandataria bajaron al 27 %.
Entre las nuevas adhesiones al proceso de destitución de Rousseff hoy se sumó el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso.
Cardoso hasta ahora se había resistido a sumarse a la campaña contra Rousseff, pero este sábado dijo preferir una salida “dolorosa” a la crisis como un juicio político a seguir viendo “el desfallecimiento de la economía y la sociedad” brasileña.