La mayoría de la Asamblea Nacional rechazó categóricamente la sentencia número 9 del 1 de marzo de 2016, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y aprobó un acuerdo donde objeta la estrategia del Ejecutivo Nacional de controla al Poder Judicial, con la finalidad de utilizarlo como instrumento para limitar las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional.
El acuerdo fue propuesto por el Diputado de la Mesa de la Unidad Democrática por el Zulia Omar Barboza, quien durante su intervención señaló que esta sentencia del TSJ pretende desconocer la voluntad popular. “Hemos reiterado que la soberanía popular descansa intransferiblemente en el pueblo, que la legitimidad de los poderes públicos se derivan de la soberanía popular y nosotros no vamos a permitir inmiscuirse por razones políticas el Poder Judicial en las atribuciones de la Asamblea Nacional y limite su ejercicio. Ratificamos que somos un poder autónomo que nos debemos al pueblo, respetamos la Constitución y no dejaremos de ejercer ninguna de nuestras atribuciones Constitucionales porque algún poder al servicio del gobierno, quiera limitar nuestro ejercicio en representación del pueblo” destacó el diputado Barboza.
Insistió que el único poder legitimado por el pueblo en estos momentos es el Poder Legislativo, el resto de los poderes están siendo rechazado por el pueblo venezolano, como consecuencia de la crisis que ha generado este gobierno, que se expresa en la escasez de alimentos y medicinas, en el alto costo de la vida, en inseguridad ciudadana, y en corrupción con impunidad.
“El Poder más legitimo que actúa hoy es la Asamblea Nacional, porque representa la mayoría del pueblo venezolano y con esa mayoría tenemos un compromiso de defender el cambio político que es el mandato que nos dio ese pueblo cuando nos eligió. Vamos a seguir trabajando por el cambio ejerciendo nuestras atribuciones constitucionales”.
Dijo que en el ejercicio del propio artículo 350 de la Constitución Nacional, que dice que todo venezolano estamos en el deber de defender la vigencia de la Constitución, de los valores democráticos y de los Derechos Humanos van hacer uso de sus atribuciones para que la voluntad del pueblo se concrete, siempre por la vía constitucional, pacífica y electoral. “El cambio es indetenible y no lo va detener la maniobra de un Poder Judicial controlado por el partido de Gobierno.
El acuerdo propuesto y aprobado establece:
Primero: Rechazar categóricamente la sentencia N° 9, del 1 de marzo de 2016, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
Segundo: Ratificar sus atribuciones constitucionales de control e investigación, así como su facultad para la iniciativa legislativa en todas las materias previstas en el artículo 187, numeral 1, de la Constitución;
Tercero: Solicitar que se activen los mecanismos internacionales de garantía de la democracia y de la institucionalidad parlamentaria, ante el intento de socavamiento de las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional;
Cuarto: Denunciar ante la Organización de Estados Americanos la situación descrita y solicitar que se considere la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, al haberse cometido una alteración del orden constitucional que afecta gravemente a la democracia, por lo cual se insta al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos a hacer uso de las atribuciones que le otorga la mencionada disposición.
Quinto: Requerir la actuación de la Unión Interparlamentaria mundial, ante el pretendido menoscabo de facultades fundamentales de los parlamentos en una democracia.
Sexto: Solidarizarse con los funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia que están en desacuerdo con las sentencias contrarias al Estado de Derecho emanadas de ese Tribunal y que trabajan con buena fe en el apoyo a las funciones jurisdiccionales.
Séptimo: Exhortar al pueblo venezolano a que se mantenga alerta y activo de manera democrática y pacífica, para exigir el respeto a la soberanía popular expresada el pasado 6 de diciembre de 2015.
Octavo: Remitir copia del presente Acuerdo a la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, al Presidente de la República, a los titulares de los órganos del Poder Ciudadano y a la Presidenta del Consejo Nacional Electoral.
Noveno: Dar publicidad al presente Acuerdo.