Un nuevo episodio de judicialización de la campaña electoral, a escasos días de su culminación, se cocina en predios de la Fiscalía General de la República. Se trata de la pretendida vinculación de Renzo Prieto y Gerardo Carrero, con el proceso penal seguido contra el Alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma y contra siete estudiantes por participar en las jornadas de protesta de 2014.
Renzo Prieto, joven dirigente del partido Voluntad Popular va como aspirante a una diputación por el Circuito Dos del estado andino. En cuanto al independiente Gerardo Carrero, también fue postulado por la MUD, pero por el circuito cuatro de la Zona Sur de Táchira.
Prieto y Carrero, se encuentran, en la actualidad, bajo régimen de presentación, después de haber sido encarcelados en procesos judiciales en procesos judiciales con motivo de las mencionadas protestas. Ahora, el Ministerio Público planifica, nueva acusación en contra de tales candidatos, al pretender vincularlos con el caso contra Antonio Ledezma. Una “jugada de laboratorio” que, por una parte, intenta inhabilitar a los mencionados candidatos y, por la otra, significa retrasar de manera indefinida la celebración de la audiencia preliminar, en el caso seguido contra el Alcalde. Este último tiene detenido nueve meses y durante ese período las autoridades han recurrido a diversas excusas para no abrir la mencionada audiencia.
En el expediente F20-0016-2015, cursante en la Fiscalía 20 Nacional del Ministerio Público, ya aparecen como imputados Ledezma y los jóvenes opositores, Jhosman Paredes, Loret Gómez Saleh, Gabriel Valles, Rony Sanon, Juan Girarldo, Carmelo Puna y Angel Betancourt. Sin embargo, el 13 de este mes, la Dirección de Delitos Comunes a cargo del abogado Nelson Mejías Durán le exigió al Fiscal 20, el envío de todas las actas del expediente “en el estado en que se encuentren” con el propósito de practicar pruebas adicionales, conjuntamente, con el Sebin.
Mejías Durán, es el mismo funcionario acusado por el exfiscal Franklin Nieves, actualmente asilado en Estados Unidos, de forjar evidencias para incriminar, falsamente, también, al opositor Leopoldo López. A Ledezma y a los siete jóvenes mencionados se les imputan delitos de delincuencia organizada. Mejías, carece de competencia en esa materia pues dentro de la estructura de la Fiscalía General de la República, la dependencia a su cargo no se encuentra adscrita a la Dirección contra la Delincuencia Organizada. Algo que pone al descubierto la arbitrariedad de su pretendida intervención en el proceso contra Ledezma. Por si fuese poco, hasta la redacción de lapatilla.com, ha trascendido que la nueva imputación con los candidatos Prieto y Carrero, es por delitos de delincuencia organizada.
Fiscalías, como la 20 con competencia nacional, son autónomas. Al menos en teoría. Ni la Fiscal General, menos ninguna dirección, como la del abogado Mejía, puede arrebatarle a un fiscal, el conocimiento de determinada causa, pues tales Direcciones carecen de facultad para instruir expedientes. Nuevo escándalo judicial en ciernes.