Hace unos meses, cuando se abrió la discusión sobre el potencial aumento de la gasolina en Venezuela, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro difundió una serie de videos de concientización sobre la necesidad de ajustar los precios a fin de cubrir los costos de producción, publica Correo del Caroní.
María Ramírez Cabello
mramirez@correodelcaroni.com
Uno de los más populares fue el de una vendedora de empanadas. “Cada empanadita nos sale en 8 bolívares sin contar la ganancia. Yo propongo venderlas en 2 bolívares”, dice Carmen, a lo que sus compañeras le reclaman: “Nooo, Carmen”, un ejemplo sencillo sobre el rezago de la gasolina respecto al costo de producción.
Era una forma de decir que necesariamente el precio final de la gasolina debía cubrir sus costos, pues hasta entonces era 35 veces inferior. La reflexión era planteada, sin embargo, tras años de control de precios para el sector privado, con fuerte rezago respecto al costo de producción, lo que en definitiva era contradictorio.
Esas diferencias han ido creciendo, a la par de las inmersas en la gasolina producida por la estatal Pdvsa, pero en tiempos electorales todo vale; y el Ejecutivo ha prometido radicalizar la política de controles al anunciar una nueva reforma, la tercera en tiempos de Maduro, de la Ley de Precios Justos, promulgada por el ex presidente Hugo Chávez en 2011.
El objetivo real: presionar una baja efímera en precios que permita compensar el bajo poder adquisitivo del venezolano, erosionado por la elevada inflación. Algo como lo que ocurrió en el último trimestre de 2013 cuando una ola fiscalizadora presionó los precios a la baja. La diferencia en esta ocasión es que la oferta de productos es fuertemente inferior a la de hace dos años.
“La ley fue pulverizada, penetrada, infiltrada, mal utilizada y nosotros no podemos aceptar eso, así que vamos a apretar las tuercas en la Ley de Precios Justos y todas las normativas a aplicar para adquirir bienes y servicios”, sostuvo el mandatario en la noche del martes. A continuación un concentrado de lo que, hasta ahora, se sabe de la reforma de la legislación:
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Dos categorías de precios
La reforma de la Ley de Precios Justos establecerá dos categorías de precios: el Precio Máximo de Venta al Público y el Precio Justo. De acuerdo con el mandatario nacional, el Precio Máximo de Venta al Público será para “todos los productos y servicios” de la economía, mientras que el Precio Justo se fijará a los productos de la canasta básica, como alimentos y medicinas, y servicios fundamentales.
“Para defender a nuestro pueblo, para blindar la Ley, porque el capitalismo se va adaptando para legitimar su abuso”, expresó Maduro.
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No más de 60% de ajuste
El vicepresidente ejecutivo, Jorge Arreaza, explicó que los productos no podrán tener en el precio una variación superior al 60%, desde la salida de la fábrica hasta la colocación en manos del consumidor final. Planteó que hasta ahora el encarecimiento era letal y un producto recibía más de 100% de ajustes en la cadena de comercialización.
“Después del precio del productor, supongamos que el precio de un producto es 100 bolívares, después del precio del productor habrá un margen de comercialización que no es ganancia, es costo más ganancia. Un margen de comercialización de 60%; ellos se lo distribuirán, y allí están sus costos y su ganancia”, dijo.
La medida va a tono con lo señalado por Maduro, quien aseguró que algunos empresarios agregaban intermediarios en la cadena de producción para incrementar las ganancias sobre el 30% fijado.
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Importadores con 20% de ganancia
En un absurdo intento de estimular la producción nacional, a punta de controles, la nueva Ley modificará los márgenes de ganancia, con diferencias entre el productor y el importador.
Según Arreaza, el productor nacional podrá percibir un margen de ganancia de 30%, mientras que el importador solo tendrá 20%, una “señal para incentivar la producción nacional”, dijo.
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Paralelo, ilegal
Los funcionarios del Ejecutivo han reiterado que será considerado “ilegal” el uso del dólar paralelo, que este miércoles rompió la barrera de los 800 bolívares, para determinar los precios de venta al público. La restricción estará contenida en la reforma de Ley.
El vicepresidente Arreaza indicó que quienes aleguen no recibir divisas preferenciales, podrán fijar sus precios tomando como referencia la tasa del Sistema Marginal de Divisas (Simadi), que cerró este miércoles en Bs. 199,74 por dólar, un monto significativamente inferior a la cotización del paralelo.
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Etiqueta: ‘Precio justo’
La reforma prohibirá que los comerciantes privados usen la frase “Precio justo” en las etiquetas del precio de un producto. La fijación del “precio justo” corresponderá exclusivamente a la Sundde.
“Todos los productos en Venezuela tendrán marcado un precio máximo de venta (…) dentro de ese universo hay una categoría muy especial que han tratado de prostituir, de ensuciar que es la categoría de precios justos. No lo van a poner los comerciantes privados. Los va a determinar únicamente el Presidente de la República a través de la Sundde (…) En este sentido, desde hoy, por favor escuchen, los sectores privados honestos, a partir de hoy se prohíbe a comerciantes y vendedores privados utilizar o colocar en sus etiquetas el término ‘precio justo’”, enfatizó.
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30 días para ‘peinar’ la economía
El presidente de la República instruyó al Comando Nacional de Precios Justos Especial, encabezado por el vicepresidente Jorge Arreaza, a en un periodo de 30 días “peinar” toda la economía nacional.
Durante la instalación del Comando Nacional de Precios Justos, Arreaza explicó que esta semana saldrá un Ejército a la calle pero con un objetivo “pedagógico” de explicar a los comerciantes el deber ser. A partir de la próxima semana se impondrán sanciones, una vez la reforma sea publicada en Gaceta Oficial.
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Sanciones más duras
Está previsto que en la reforma, las multas no sean estimadas por Unidades Tributarias, sino en base al ingreso neto anual, “de tu ganancia te vamos a quitar un porcentaje, ‘ah, que voy a quebrar’, bueno quiebra y entréganos a nosotros entonces el negocio. Pero no vamos a permitir que sigan quebrando al pueblo de Venezuela”, advirtió el vicepresidente.
“No descartamos en casos de reincidencia la confiscación del negocio o el camión y le será entregado al pueblo”, puntualizó, en una cadena de amenazas, que el funcionario aseguró son decisiones “lógicas”.