Tras permanecer nueve años tras las rejas, el comisario Iván Simonovis fue el primero de una pequeña lista de presos políticos, a los que se les otorgó la medida de casa por cárcel, en lo que sería un intento del Gobierno por limpiar su imagen frente a la presión de sectores internacionales, de acuerdo a los análisis de varios expertos.
Una manera de silenciarlos, así fueron descritas las medidas cautelares que continuaron con dirigentes detenidos como el alcalde Antonio Ledezma, quien permaneció encarcelado por dos meses para luego ser enviado a su casa por presentar problemas de salud.
El periodista Leocenis García fue el siguiente, sin embargo no contó con la misma suerte que el resto, ya que su traslado se efectuó de forma abrupta, sin actas, sin boletas y sin atención médica, pues García habría realizado una huelga de hambre por 87 días y hoy presenta daños irreversibles en el organismo.
La medida más popular en los últimos meses tocó al exalcalde San Cristóbal, Daniel Ceballos quien se encuentra en una residencia en Caracas junto a su familia desde la tarde de ayer, cuando el Ministerio Público otorgó la medida como objeto de una “decisión política”, según la calificación que le da su esposa Pateicia de Ceballos.
La oposición que se ha pronunciado sobre todos estos casos, mantiene como consigna la liberación plena tanto de los antes mencionado como del resto de los presos políticos, entre ellos el dirigente opositor Leopoldo López, además de jóvenes detenidos, a los que en su mayoría no se les ha realizado ni la primera audiencia.
Por su parte, el chavismo de a pie no ha observado con muy buenos ojos estas decisiones y ha cuestionado el trabajo del Ministerio Público, sin embargo se mantiene la teoría de analistas políticos que aseguran que el Gobierno busca desesperadamente una nueva cara en cuanto a los Derechos Humanos que además les permita mantener en silencio a la oposición. (RL/LaPatilla.com)