Para la columnista de Brasil/247 Tereza Cruvinel, la decisión del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de cuestionar la prestación de las cuentas públicas del 2014, repone una agenda que empezaba a ser archivada: la del impeachment a la presidenta Dilma Rousseff. El TCU concedió 30 días para que la mandataria responda personalmente a los problemas apuntados por el ministro del tribunal Augusto Nardes sobre la prestación de cuentas. Este procedimiento sin precedentes en la historia republicana dejó al gobierno aprensivo y a los adversarios exultantes. Lo que el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) tanto buscó, la base jurídica para el pedido de abertura del proceso de impeachment (juicio político), podría estar apareciendo. Antes de esa batalla política, estará la batalla jurídica. Todo el esfuerzo del gobierno ahora debe ser para convencer al TCU de que sus procedimientos no violaron la ley de presupuesto ni la de responsabilidad fiscal. Dilma tendrá que fortalecer su núcleo técnico y jurídico para brindar las explicaciones pedidas
por Tereza Cruvinel
247 – Antes de la batalla política, Dilma necesita vencer la batalla jurídica. Cuando empezaba a ser archivada, la agenda del impeachment de la presidenta Dilma Rousseff volvió a escena con la decisión del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de conceder 30 días para que la mandataria responda personalmente a los cuestionamientos del ministro del tribunal Augusto Nardes sobre la prestación de cuentas del gobierno relativas al 2014.
Este procedimiento sin precedentes en la historia republicana dejó al gobierno aprensivo y a los adversarios exultantes. Lo que el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) tanto buscó, la base jurídica para el pedido de abertura del proceso de impeachment, podría estar apareciendo.
Por los términos usados por Nardes, miembro informante en el TCU del caso, no cabe duda que habrá un rechazo a las cuentas, ya que listó 13 fallas que tendrán que ser explicadas y usó adjetivos fuertes, diciendo inclusive que la Ley de Responsabilidad Fiscal no puede “ser tirada por la ventana”.
¿Cuál es la relación directa y cuál la distancia jurídica entre rechazo de cuentas e impeachment? Eso no llegó a ser examinado por la prensa en las muchas notas escritas sobre el tema. El TCU sugiere que que la responsabilidad es de Dilma, ya que decidió que la presidenta tendrá que explicar personalmente las irregularidades, que el gobierno niega.
Eso debe ser objeto de una gran batalla jurídica, según un abogado experimentado que prefirió no ser identificado.
El artículo 46, que define las competencias exclusivas del Congreso, establece en el inciso IX “juzgar anualmente las cuentas prestadas por el presidente de la República y apreciar informes sobre la ejecución de planos del gobierno”. El artículo 71 dice que el Control Externo del Poder Ejecutivo será ejercido por el Congreso con auxilio del TCU, al cual le competerá una serie de medidas en ese sentido. Entre ellas, “apreciar las cuentas prestadas anualmente por el presidente de la República”. Después, el Congreso irá, en algún momento, a apreciar las cuentas que ya habrán sido estudiadas por el TCU. Entonces, el tribunal aprecia, el Congreso juzga.
La ley otorga la facultad al TCU de castigar a administradores y responsables de provocar perjuicios al erario público.
¿Quiénes son esos administradores y responsables? ¿Ministros del área, o la propia presidenta?
La Constitución no dice textualmente qué ocurrirá con el presidente que tenga sus cuentas rechazadas. Pero define como delitos de responsabilidad a los actos que atenten contra la probidad administrativa y la ley de presupuesto, que habría sido incumplida, según el informe del TCU.
Si el gobierno no convence al tribunal, y si el gobierno rechaza la prestación de cuentas, puede crearse la brecha jurídica para proponer un proceso de impeachment.
Antes de esa batalla política, sin embargo, estará la batalla jurídica. Todo el esfuerzo del gobierno ahora debe ser para convencer al TCU de que sus procedimientos no violaron la ley de presupuesto ni la de responsabilidad fiscal. La defensa debería ser muy consistente. Dilma tendrá que fortalecer su núcleo técnico y jurídico para brindar las explicaciones pedidas, dentro de un mes. No puede perder tiempo.
Original en Brasil247