La presión sicológica (“serán llevados a Yare”), el retardo procesal (“en los tribunales no hay audiencia”) y la desesperanza comienzan a mermar el estado de salud de los presos políticos, tanto de quienes se encuentran en calabozos del Sebin como en cárceles comunes, publica El Nacional.
Por HERNÁN LUGO-GALICIA
@Hlgnapita
Pablo Estrada y Eduardo Colmenares están recluidos en el Sebin del Helicoide por las protestas de 2014. Tienen casi un año esperando el juicio y ahora están enfermos: uno padece tuberculosis pulmonar y el otro sufre de cólico nefrítico y un problema en un riñón.
Informes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y del personal médico de la policía política indican que requieren atención especial de manera inmediata, por lo cual familiares y abogados exigen que los juzguen en libertad para que reciban atención, pues temen por sus vidas debido a la depresión que les causa el encierro y porque los tribunales se han negado durante un año a garantizarles justicia.
“Cumplimos condena sin haber sido sentenciados’, me dijo mi hijo”, señaló Tania Izaguirre, madre de Pablo Estrada, que relata el drama familiar no solo por la paralización de los tribunales y la prisión y enfermedad de su hijo, sino también porque su nieto de 2 años de edad debe ser cuidado por sus abuelos debido a que la esposa de Estrada padece de cáncer y tiene que ser aislada del pequeño.
“¡Exijo justicia! Mi hijo era quien proveía a su hogar y hoy está preso sin que haya cometido delito alguno”, clamó Izaguirre, mientras movía las manos ansiosamente.
Un informe del IVSS indica que Estrada presenta tuberculosis diseminada en el área lumbar y músculo-esquelético. Médicos del Sebin recomendaron el sábado pasado llevarlo a medicina forense, pero la orden no se ha ejecutado por la negativa de las autoridades policiales, señalaron familiares y abogados.
“Mi hijo es ingeniero de sonido, le gusta la música. Fue detenido en Las Mercedes en 2014 de manera injusta y sin razón, porque él no estaba en la protesta, sino que estaba cuando pasaron los policías y lo vincularon con una manifestación que había en la zona. Si así hubiese sido, la protesta es un derecho constitucional y nadie debe ser juzgado por esa causa. Señora Cilia Flores, usted es madre y debería interesarse por este caso, queremos la libertad”, expresó Izaguirre, con la esperanza de ser escuchada en Miraflores.
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