La ejecución presupuestaria prevista para el 2015 fue aprobada por el Ejecutivo nacional, con el anuncio presidencial que ordena la reducción del 20% de los Gastos Suntuarios (gastos de lujo) del presupuesto de la nación. Sary Levy, Economista y Coordinadora del Observatorio de Gasto Público del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice-Libertad), afirmó que no se están tomando las medidas necesarias para solventar la grave crisis económica por la que transita el país.
Levy explicó que la palabra suntuario significa de lujo, “por lo tanto dada la situación del país, no es que el gobierno debe reducir estos gastos, sino que ni siquiera deberían realizarse; mientras los ciudadanos pasan penurias para conseguir los productos de la cesta básica, haciendo largas colas como consecuencia de la escasez y teniendo cada vez más reducido su presupuesto, el gobierno se plantea reducir el lujo”.
“Es decir, no se están tomando los correctivos necesarios para poder estabilizar la gran crisis de escasez, desabastecimiento, falta de divisas y producción nacional que tenemos actualmente en el país. Los ingresos públicos deben ser administrados con criterio de escasez, para cubrir la larga lista de necesidades de la población venezolana, si se invirtieran eficientemente los recursos en políticas sociales para atender las necesidades en las áreas de educación, salud y seguridad, entre otras, estaríamos en una mejor situación”, aseguró la Economista.
De igual manera, Levy recordó que esta reducción no alcanzará para el cubrir el gran déficit con el que arranca el presupuesto del 2015, “esto plantea que el próximo año se agrave la situación del país. Urge que se tomen medidas como la reducción del gasto corriente, que se inviertan de manera eficiente los pocos recursos que entran al país y que se muestre claramente a los ciudadanos cómo se está ejecutando este presupuesto, incluyendo los fondos parafiscales y las misiones sociales. También afecta profundamente la creación de nuevas instituciones que requieren de más financiamiento por parte del gobierno”.