Para Cricelia Maracay, la muerte de su hijo sigue siendo una pesadilla, no solo porque por casi tres años ha debido soportar su repentina partida, sino porque con impotencia observa que aún no hay culpables y que todo indica que el crimen del funcionario de la Guardia Nacional puede quedar impune, publica La Nación.
Aseguró que seguirá luchando para que esto no ocurra. Sabe que, de lograrlo, su hijo no volverá a la vida, pero considera que su alma y la de su familia tendrán un poco de paz, un respiro.
“A mi hijo, Harold José Molina Maracay, lo exhumaron hace como año y medio. Por el Táchira estuvieron presentes representantes de la Fiscalía que lleva el caso y un funcionario de la policía científica, el resto de la comisión lo integraban médicos forenses y especialistas del estado Anzoátegui, donde reposan sus restos. Y resulta tan extraño que en ese nuevo reconocimiento no le hallaron los orificios de bala, que se supone tenía en sus piernas, de acuerdo con la autopsia que le hicieron en San Cristóbal. Es decir, siguen saliendo irregularidades en este hecho”, relató Cricelia Maracay.
Dijo contundentemente que las investigaciones sobre la muerte de su hijo, quien era sargento mayor de segunda, se estancaron y que en realidad nadie averigua nada.
“El 6 de abril de 2014 se cumplirán tres años del asesinato. Yo he acudido a todas las instancias habidas y por haber, y ninguna me ha dado respuesta. En la Asamblea Nacional, en la Comandancia General de la Guardia Nacional, en el Ministerio Público, se comprometieron a investigar, pero en realidad no lo han hecho”, dijo.
A la fecha, aún mantiene la hipótesis de que a su hijo lo “vendieron” sus propios compañeros, dos específicamente, que junto con él integraban una comisión que enviaron a la zona boscosa de Guabinas para inspeccionar algunas irregularidades que allí se estaban cometiendo.
“Yo todavía pienso que fueron sus mismos compañeros. Mi hijo era demasiado recto, demasiado estricto, y nunca se prestó a la corrupción o al soborno. Yo estuve en La Fría, luego de que apareció el cadáver, y algunos contactos allí me dijeron que él sabía cosas relacionadas con el contrabando, con las que no estaba de acuerdo. El jefe del Core-1, para ese momento, lo cambió para el Centro Penitenciario de Occidente, CPO, pero de inmediato se retractó, quedó sin efecto esa orden; le dijo que volviera otra vez a la zona norte del Táchira, adscrito al Destacamento 13. Ahí fue cuando le hicieron lo que le hicieron”.
La desconsolada madre nunca ha estado conforme con la explicación que las autoridades le dieron sobre la muerte de su hijo.
“Quisieron darme otra versión, pero no me convencieron, y así se los dije. Él apenas tenía 4 meses en esa zona, pero en ese tiempo se enteró de muchas cosas. Para mí, sus dos compañeros lo entregaron, pero ellos nunca fueron investigados. Ahora los tienen trabajando en la frontera. Ellos saben lo que le pasó a Harold, pero nunca van a hablar”.
Tras cuatro días de estar desaparecido, el 10 de abril de 2012, hallaron el cadáver del militar de 38 años de edad, aparentemente abaleado. El 6 de ese mes estaba de comisión en un área boscosa de Guabinas, en el municipio García de Hevia.
Según sus compañeros, Molina Maracay, ese día se internó solo en la zona, al escuchar el sonido de una sierra y, presumiendo que se trataba de aserradores ilegales, fue a inspeccionar. No lo volvieron a ver.
Pero sí dijeron que, al cabo de unos pocos minutos, escucharon sus gritos y un supuesto disparo. Que corrieron en su auxilio, pero no lo encontraron. La búsqueda posterior, en la que participaron entre 150 y 200 hombres de distintos organismos de seguridad, solo dio frutos cuatro días después. El cadáver descompuesto del militar fue localizado en un lugar, donde se supone que ya había sido revisado. Situación que creó en su familia mucha suspicacia.
Tenía signos de torturas, también le apreciaron heridas cortantes, una en el cuello, que hizo creer que lo habían degollado. Pero más tarde se dijo que lo ultimaron a golpes. Estaba semidesnudo. Allí mismo hallaron su armamento y documentos personales. La explicación que dieron las autoridades en ese momento con respecto a la posible autoría del hecho, tenía que ver con los grupos paramilitares que operan en esa zona; luego señalaron a la guerrilla, y posteriormente culparon a los contrabandistas.
Tras haber recusado al fiscal anterior que conocía la causa, y habiendo sido asignado el fiscal primero del Ministerio Público, Jairo Escalante, Cricelia reitera que aún mantiene la esperanza en él, en que este sí logre la justicia que tanto ambicionan los deudos de Harold José.